REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (III)

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Según los textos legales las tarifas deben establecerse en “condiciones razonables”. Entre esas condiciones razonables la tarifa debe buscar “el justo equilibrio entre ambas partes” (entidad de gestión y usuarios). Este justo equilibrio no vuelve a tener otra referencia en los textos legales.

Era el Artículo 2 de la Orden ECD/2574/2015 (en la actualidad declarada nula), el que desarrollaba lo que debía entenderse como justo equilibrio: “cuando se tengan en cuenta por las entidades de gestión como parámetros de comparación, las tarifas generales preexistentes y las tarifas aceptadas por los usuarios por la utilización del repertorio hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre”, con este parámetro se evitaba posibles abusos al aplicar los nuevos parámetros.

Y, si además, atendemos a lo expuesto por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio en su Informe sobre las Tarifas Generales presentadas por las Entidades de gestión en 2016, que en su párrafo 236 señala:  Por otro lado, no debe olvidarse que, sin perjuicio de la aplicación de la nueva normativa tarifaria, el valor económico de la explotación de los derechos por parte de los usuarios en sus respectivas actividades económicas no debieran sufrir alteraciones fundamentales exclusivamente por dicho cambio normativo, toda vez que los criterios sustentadores del citado valor económico estaban ya consolidados jurisprudencialmente con anterioridad a la reforma legal“, la atención a las tarifas anteriores y por lo tanto al importe que resultase de la aplicación de las nuevas tarifas es de suma importancia.

La redacción del apartado 3 del artículo 166 del TRLPI, del que se está tramitando su modificación, reseña los criterios mínimos que deben tenerse en cuenta, por las entidades de gestión, para establecer las nuevas tarifas generales. Entre los mismos no existe referencia alguna a las tarifas anteriores. Dado que se considera que el resultado de su aplicación “estaban ya consolidados jurisprudencialmente”, FASYDE ha propuesto la inclusión de un nuevo criterio en el que se ponga en valor la comparación de las tarifas preexistentes, que habían sido negociadas con las asociaciones de usuarios, con las establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de la nueva normativa.

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