LAS REFORMAS DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (II)

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El trámite de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sigue en el Congreso de los Diputados. FASYDE ha trasladado a distintos Grupos Parlamentarios algunas de las modificaciones sobre el texto del Proyecto que considera debían ser incluidas en esta “contrarreforma”.

Al trasladar la Directiva de la Unión Europea, se ha incluido la nueva figura de los “operadores de gestión independientes”. Estas nuevas instituciones son empresas con ánimo de lucro, que pueden gestionar derechos de autor y los otros derechos de propiedad intelectual. Son diferentes a las entidades de gestión si bien deben cumplir alguna de las obligaciones que se exigen a estas últimas.

Las entidades de gestión tienen obligación de establecer tarifas generales, de las cuales algunas son negociadas con las asociaciones de usuarios y otras establecidas unilateralmente por las entidades de gestión. Estas últimas pueden ser controladas por distintos organismos, así la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, finalmente, llegado el caso, por los Tribunales de justicia.

Los operadores de gestión independiente, según el texto que se está tramitando, no tienen obligación de establecer tarifas generales. Por otro lado, se mantiene la obligación de negociar y celebrar contratos generales con quien lo solicite, salvo motivo justificado, y con asociaciones de usuarios. El hecho de no estar obligados a establecer tarifas generales sitúa a los usuarios ante una mayor desprotección. Cada operador independiente podrá, según su conveniencia, establecer el importe de los derechos gestionados que considere oportuno. Esta posibilidad, que impide cualquier control previo, provocará, tal vez, discriminación arbitraria por parte del gestor e, incluso, disparidad a la hora del establecimiento del importe a uno u otro usuario al no existir posibilidad general de comparación.

La Directiva2014/26/UE, de 26 de febrero, que se pretende incorporar a la normativa española, en el artículo 21.1.c) obliga a estos nuevos entes, como mínimo, a informar de los contratos tipo de licencia y las tarifas estándar. Si es obligatorio informar de las tarifas no está impidiendo su formulación previa.

FASYDE ha propuesto a los Grupos Parlamentarios que, en defensa de los usuarios, estos nuevos entes establezcan tarifas generales y en salvaguarda de la equidad y no discriminación se les obligue al cumplimiento de lo establecido en la totalidad del artículo 163 y 164 del texto que se está tramitando.

 

Juan Martínez-Tercero Moya

 

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